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Univision: Corte Suprema podría definir la influencia política de la comunidad hispana

Dec 8, 2015
In The News

La idea de "un hombre un voto", principio básico de la democracia, podría tener implicaciones no previstas para el funcionamiento del sistema electoral de Texas y eventualmente de Estados Unidos.

Este martes la Corte Suprema de Justicia en Washington escuchó los argumentos en un caso presentado contra el estado de Texas que podría determinar si los distritos electorales deben seguir definiéndose en función del total de la población que albergan de acuerdo al Censo o sólo por los votantes inscritos, como proponen algunos conservadores.

Los nueve jueces escucharon los argumentos de dos tejanos, Sue Evenwel y Edward Pfenninger, que creen que la distribución del censo electoral para el Senado estatal es "extremadamente desigual" y, por ello, quieren que se revise el principio de "una persona, un voto".

Impacto hispano

La solución del caso conocido como Evenwel contra Abott tendría grandes implicaciones para las comunidades hispanas, según dicen algunos promotores de los derechos de las minorías, porque el tamaño de los distritos determina su peso electoral.

Si se toma en cuenta que en comunidades de mayoría inmigrante, muchos no están registrados como votantes, algunos por carecer de la documentación necesaria, eso reduciría el peso proporcional de la representación que obtendrían en consejos municipales, asambleas estatales o el Congreso federal

Al finalizar la audiencia, la representante Linda Sanchez, quien preside el Caucus Hispano del Congreso, aseguró que se trata “de un intento de borrar la comunidad latina del mapa”.

El congresista Joaquín Castro calificó el caso como una “afrenta contra nuestra democracia” y envía el mensaje que “millones de estadounidenses en este país no cuentan”.

“Los que plantean este caso apoyan cambios que contradicen la Constitución y el espíritu de nuestro proceso democrático. Todos cuentan en esta nación y nuestras leyes electorales deberían reflejar eso”, añadió.

Viejo principio

Cuando en 1964, se definió el principio de “una persona, un voto” se buscaba evitar que las zonas rurales –tradicionalmente blancas– tuvieran más poder a la hora de elegir representantes que las ciudades, donde vivía en mayor proporción la minoría negra.

En su intervención, los demandantes defendieron que en el censo solo deben aparecer las personas con derecho a votar, es decir estadounidenses mayores de 18 años, y debe excluirse a los menores de edad, aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y antiguos criminales, cuyo derecho al voto está restringido en muchos estados.

Frente a los tejanos, en representación del Gobierno federal, se situó el abogado Ian H. Gershengorn, quien defendió que el sistema actual para contabilizar a la población ha funcionado bien y, por tanto, debe incluirse en el censo a todos los habitantes de una zona, con independencia de si tienen derecho a votar.

De fallar a favor de los demandantes, en futuras elecciones, zonas rurales y tradicionalmente republicanas tendrían más peso frente a las concentraciones urbanas y demócratas.